La libertad en los tiempos de Peña El regreso del PRI no debe implicar un retroceso en la agenda de transparencia y libertad de expresión.
Con los datos disponibles y en espera de los tiempos legales que terminan con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todo parece indicar que Enrique Peña Nieto será el próximo titular del Poder Ejecutivo. Hay una carga política negativa que arrastra el PRI en la Presidencia y que se ha consolidado con su actuar en varios estados.
La libertad de expresión se considera como piedra angular de la democracia. Nos permite la participación política así como el diálogo y la exigibilidad de otros derechos. De ahí la relevancia de tener en cuenta este derecho fundamental en la agenda del próximo sexenio. Las mayores preocupaciones ante la futura administración son: f!r-ÍTniri^H7nrf/wi ife laa La protección a la reputación debe ser garantizada sólo a través de sanciones civiles. Por lo que es necesario que 14 entidades del país deroguen los llamados "delitos contra el honor" en las figuras de difamación, injurias y calumnia de sus códigos penales u otras leyes, en tanto que inhiben y limitan la libertad de expresión.
No debe de haber leyes que busquen criminalizar la difusión de ideas y expresiones. Un ejemplo claro es la adición del delito "perturbación del orden público" al Código Penal de Veracruz. La tipificación de delitos que penan la difusión de información propicia un ambiente que frena y obstaculiza el ejercicio de la libertad de expresión. Esta adición se encuentra actualmente pendiente de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad.
Acceso a la información A los organismos encargados de garantizar el acceso a la información en México les falta autonomía, suficiencia presupuestal y/o inexistencia de capacidades institucionales y presupuestarias para hacer cumplir sus resoluciones. Las personas al frente de estas instituciones deben cumplir el perfil adecuado para fortalecer el desempeño institucional.
No están sujetos a la autoridad de un órgano garante de transparencia independiente y especializado los Poderes Legislativo y Judicial, además de la CNDH. No hay sistemas que sancionen de manera efectiva aquellos incumplimientos al marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información pública a nivel federal y estatal Diversidad y pluralidad de medios Hace falta promover un sistema de telecomunicaciones integral Con representación equitativa de los tres sistemas de transmisiones como son el público, el privado y el comunitario. Esto bajo el resguardo de un órgano regulador completamente independiente. Además de adoptarse medidas para prevenir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación.
Publicidad oficial Presiones directas o indirectas realizadas con recursos públicos dirigidas a silenciar, presionar, castigar o privilegiar para incidir en sus líneas informativas atontan contra la libertad de expresión. Se debe garantizar la transparencia y el fácil acceso a la información sobre el gasto en publicidad oficial. Promover marcos normativos claros y precisos bajo estándares internacionales: definir objetivos legítimos^ detallar criterios de distribución, planificación adecuada, mecanismos de contratación transparentes y no discriminatorios, promover transparencia y acceso a la información, además de establecer un control extemo de asignación así como un sistema sancipnatorio efectivo.
Asesinatos a periodistas Estos se consideran como la máxima forma de censura. Du«mteel sexenio de Felipe Calderón suman 47 periodistas con un vínculo entre su muerte y su ejercicio periodístico. No basta con tener la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanosy Periodistas. Se necesita tener una buena reglamentación. El mecanismo y las medidas preventivas de protección deben de actuar de manera rápida y eficiente para salvaguardar la vida de las personas en peligro.
La adición al artículo 73 dé la Constitución es un buen avarace. Significa que las autoridades federales puedan conocer también de los delitos del fuero común contra periodistas. Para esto es necesario que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión sea reconocida en la Ley Orgánica de la PGR, dotarla de un marco jurídico adecuado y recursos materiales y humanos propios.
Debemos luchar por que el derecho a la libertad de expresión, que comprende no sólo el derecho de un individuo a difundir sus ideas, sino también el derecho de la sociedad a recibir informaciones e ideas, se garantice en este sexenio. Si nos quitan la información, la expresión, nos censuran y además nos niegan los espacios de difusión y el acceso a la información como sociedad, ¿qué sería de México? d
[tc]