La verdad une a un grupo humano. La mentira lo separa. La verdad, es decir el relato de lo real, es un bien común y es el primer paso para la Justicia. La Justicia es el bien mayor de una sociedad porque le permite mejorar gradualmente sus normas de conducta y ante alguna tragedia, restituir el valor del bien y el mal. Las definiciones no son mías, sino de Aristóteles.

A nadie escapa que los mexicanos tenemos una dificultad con la verdad. Usamos el lenguaje, aún ahora, en nuestra supuesta democracia, para enmascarar lo real. Para ocultarlo. Para disfrazarlo de algo más benéfico. Y finalmente para resolverlo en la fantasía y no en su territorio, lo material. Y por tanto la Justicia es entre nosotros, aún ahora, un ideal abstracto.

Nada como el incendio de la Guardería ABC para ejemplificar nuestro mal pacto con la verdad y nuestra incapacidad para la Justicia. Un monumento trágico que lo cifra y descifra.

Cuarenta y nueve niños murieron dentro de una guardería de Hermosillo, Sonora, la mañana del 5 de junio de hace tres años. Lo primero que hicieron las autoridades involucradas con la estancia infantil, a decir: el gobernador de Sonora y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue nombrar incorrectamente lo ocurrido.

Uno dijo que había sucedido un accidente, el otro un incidente lamentable.

La palabra accidente remite al azar. Un accidente es causado por un agente extemo e involuntario. La palabra incidente es más cruel: minimiza el suceso a una marca en la línea del tiempo. Y la palabra lamentable indica ya la reacción esperable: padecer lo ocurrido con una elegante y sobria resignación.

Las autoridades no contaban con que iban a lidiar con un nuevo estilo de mexicano. Un ciudadano ya con educación formal y ya con conciencia de derechos.

Preparatorianos, normalistas y universitarios, los padres de los niños muertos no habrían de "lamentar" "el incidente", ni llorar a solas "el accidente". Lo primero que quisieron saber fue la verdad. Y luego de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargaron una investigación a una empresa privada para que la revelara.

Lo que la policía de un país civilizado debió realizar, lo realizó la empresa extranjera contratada. Y de abajo de la palabra "accidente" emergieron, como tarántulas venenosas, datos y más datos siniestros.

Supervisores desidiosos con los detalles de la realidad. Dueños de la guardería con un desprecio absoluto por la vida de los niños que guardaban a precio módico. "Maestras" sin formación para serlo. Un director del IMSS desinteresado por los mecanismos de su institución. Para empezar a nombrar el nivel humano del asunto.

Una lona inflamable cubriendo el techo de la estancia durante años y años.

Puertas de salida de emergencia cerradas con candados, para economizar en vigilancia. Camas de hospital insuficientes.

Para empezar a nombrar el nivel material del desastre.

Lo real apalabrado con justeza: eso es la verdad en su definición más humilde, la de Aristóteles. A partir de que los padres de los niños quemados contaron con la verdad, quisieron Justicia. La Justicia, de nuevo en su definición más elemental, es la separación del bien y del mal. Es señalar: esto es bueno para el bien común y hay que preservarlo; esto es malo, y hay que eliminarlo. Y en un caso dado: esta persona ha obrado mal y merece un castigo; esta persona ha padecido un mal y merece una reparación.

Así que la Suprema Corte de Justicia, con las miradas de los ciudadanos del país en ella, en una decisión inédita que exhibía su incipiente autonomía de los otros Poderes, asumió el deber de hacer Justicia. Lo que los ciudadanos vimos a continuación fue, en una maqueta, la mediocridad de nuestra clase política.

Los corredores de la Suprema se poblaron de cabildeadores de dos partidos, el PAN y el PRI, que visitaban a los jueces para presionarlos y sobornarlos, para que no hicieran Justicia. Secretarios de Estado, enviados del presidente, senadores, diputados: una corte de señores de trajes impecables rogando por que la Justicia no ocurriera.

La ministra Olga Sánchez de Cordero habría de confesar que lloró más de una vez en aquellos días. En una cita con un senador no pudo retener el llanto: el procer alegaba ardientemente para que la muerte de 49 niños quedara impune. Lo admitió la ministra en una entrevista: el caso de la Guardería ABC fue el fin del apenas naciente prestigio de los jueces mexicanos. Un prestigio que no duró ni un sexenio.

Queda para la historia la última sesión de la SCJN sobre el caso del incendio de la Guardería ABC. Los señores ministros fueron juzgándose a sí mismos primero "incompetentes para señalar culpas de personas concretas" y por fin "incluso incompetentes para señalar responsables".

Un monumento trágico, escribía renglones arriba, a la dificultad mexicana con la verdad y la incapacidad para la Justicia.

No hemos logrado escaparnos de la ley del más fuerte. La vivimos a diario revestida de un lenguaje democrático que la solapa.

Y como el sistema en conjunto opera para encubrir la realidad, y como entonces la verdad permanece inaccesible, y como la Justicia así es imposible, en el sistema los errores se perpetúan y multiplican.

El 27 de junio del año en curso el presidente Calderón recibirá un premio de la Organización de las Naciones Unidas al programa de estancias infantiles de su gobierno. Los padres de los 49 niños quemados se preparan para asistir a Nueva York y vocear su indignación. No hay ninguna base real para suponer que al recibir el premio, el presidente dedicará una frase a la tragedia de la Guardería ABC.

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