¿Es válido considerar que el proceso actual de las elecciones intermedias del próximo 5 de julio va hacia un fracaso democrático, o se trata sólo de una exageración y las cosas marchan relativamente bien? Si el dilema tiene algún valor, entonces podemos establecer algunos indicadores para discutirlo. Por ejemplo, los niveles de satisfacción democrática y confianza institucional (Congreso, medios de comunicación, autoridades electorales); el desempeño de los partidos y candidatos; la intención de votar o abstenerse; las campañas, las propuestas de la agenda y el debate; la vinculación entre el voto y los problemas importantes de los ciudadanos (seguridad, empleo, salud, derechos humanos).

México está a la baja en sus niveles de satisfacción democrática y en los últimos años han descendido los porcentajes. Según la reciente encuesta de la Secretaría de Gobernación Encup 2008, sólo 33% está satisfecho; en cambio, 54% está poco o nada satisfecho. En esta misma medición un dato que hoy resulta muy importante es la confianza institucional, y se puede establecer a partir del porcentaje de ciudadanos que confía muy poco en los actores centrales del actual proceso: sólo 4.5% en los partidos políticos, 8% en los diputados y 7% en los senadores; 72% tiene poca o nada de confianza en los partidos.

Otros datos cruciales son que: a 65% le interesa poco o nada la política; de los que piensan que México es una democracia, 63% considera que la ley no se respeta nada o muy poco. A esta parte se le pueden sumar otras opiniones negativas; por ejemplo, 74% piensa que cuando se aprueban leyes, los legisladores piensan sólo en sus propios intereses o en los de sus partidos. Además, 66% considera que las elecciones no son limpias y el IFE tiene una confianza precaria: entre los que declaran como nada, poco y algo se llega a 66%. Estas opiniones dibujan el perfil de la ciudadanía que está convocada a las urnas el 5 de julio próximo.

En esta medición no se contempló el desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que tiene la última palabra para cualquier controversia. Sin embargo, en un reporte reciente (21/V/2009) del comité conciudadano que está observando el desempeño del tribunal se asientan resultados graves sobre el desempeño de esta institución: que sus intervenciones son erráticas, porque no aplica criterios homogéneos en casos de naturaleza similar; porque regresa al IFE asuntos que podrían resolver los propios magistrados, con lo que vulnera la idea de una aplicación pronta y expedita; y lo más grave es que ha emitido sentencias que vulneran abiertamente la reciente reforma electoral y avalan de nuevo la compra de tiempos en los medios, como sucedió recientemente con el caso del Partido Verde.

El nuevo modelo de medios de la reforma electoral se encuentra tensionado por varios frentes, uno es el litigio judicial, otro es el arreglo entre las televisoras y algunos políticos que, por ejemplo, todos los días aparecen en el noticiario del Canal 2 de Televisa mediante "cápsulas" informativas. La resolución del tribunal posibilita que todos los diputados y senadores compren tiempo en medios, afecta el corazón de la reforma electoral y vulnera la equidad del modelo de medios.

Por otra parte, llegamos a las campañas y vemos que las nuevas reglas de propaganda no se han traducido en una mejor campaña electoral; así, para 73% de los ciudadanos los mensajes de partidos y candidatos no tienen credibilidad (Reforma, 3/V/2009).

Tal vez con este conjunto de indicadores se pueda entender de mejor forma el cálculo que hizo el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP) de la Cámara de Diputados, sobre el nivel de la abstención prevista para este año: puede estar en un rango que va de 65% a 69% (EL UNIVERSAL, 11/V/2009). Si hace seis años, en la elección intermedia de 2003 -en un momento previo a la polarización y los escándalos-, sólo participó un poco más de 40%, ahora es factible que la cifra de participación sea 10% menor, lo cual significará que siete de cada 10 ciudadanos no vayan a votar o anulen su voto; este es el tema de 2009.

En este contexto se puede entender de mejor forma el malestar con la próxima elección de julio y las opciones de voto o, mejor dicho, con la falta de opciones. Mientras el país sufre el impacto de una severa caída en su economía, 8.2% del PIB, y el crimen organizado sigue azotando amplias regiones (ya van 2 mil 509 muertos en 2009), la clase política mira a los ciudadanos como un botín que le puede dar votos y curules, que se traducirán en millones de pesos de financiamiento público y en tiempo del Estado para radio y televisión.

Los partidos ganarán, pero los ciudadanos no sabemos hasta la fecha qué agenda legislativa proponen los candidatos y si se cumplirá. Lo que vemos cotidianamente son los pleitos y las descalificaciones, pero, sobre todo, una oferta vacía, puras generalizaciones, spots y frasesitas. ¿Estamos ante un fracaso de la democracia representativa? Que cada uno saque sus propias conclusiones…



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