La revocación de las sanciones impuestas por el IFE al Partido Verde es quizá el eslabón más grave de una cadena de resoluciones escandalosas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos magistrados deberían tener presente que sus desaciertos jurídicos no dejan de serlo por el hecho de que ellos tengan la última palabra. Más bien, esta última circunstancia aumenta la preocupación por su falta de solidez, expresada en la aplicación de criterios dispares para casos semejantes, en las interpretaciones disparatadas de la ley y, sobre todo, en ukases más cercanos a la soberbia que a la argumentación convincente.

Tan preocupantes son varios fallos del TEPJF -de algunos de los cuales ya me he ocupado- que, desde mi perspectiva, está en duda la idoneidad de los actuales magistrados para permanecer como integrantes de la máxima autoridad del país en materia comicial, de cara no sólo a la elección de este año, sino sobre todo a la presidencial de 2012. Como señaló recientemente el Comité Conciudadano, "con su actuación, el Tribunal Electoral ha violado varios de los llamados Principios de Bangalore", que deben regular la conducta ética de los jueces.

La revocación de las sanciones al Partido Verde, con motivo de su abusiva propaganda electoral disfrazada de informe de labores legislativas, se apartó objetivamente de la Constitución, de la ley y del sentido común. Una lectura atenta de tales resoluciones debería producir una clamorosa protesta de los juristas interesados en el tema, e incluso un extrañamiento procedente de alguna oficina de la Suprema Corte de Justicia.

Cierto que los magistrados del TEPJF tienen atribuciones para interpretar las disposiciones que han de aplicar. Pero no les fueron dadas facultades para atentar contra la letra y el espíritu de la reforma constitucional y legal de 2007 -que a eso equivalen las resoluciones sobre el Verde-, aun cuando los padres de esa reforma, los diputados y senadores que la aprobaron, parezcan renegar de su paternidad.

En consonancia con la argumentación partidaria, el TEPJF consideró que los spots no tenían carácter electoral y que sólo aludían a un informe de los diputados verdes. Del cúmulo de razones que acreditan lo contrario, cito algunas:

1. Los spots contuvieron, visual y auditivamente, el logo y nombre del Partido Verde.

2. Las imágenes del spot sobre la pena de muerte dramatizan un secuestro para justificar la pena capital, que es una de las banderas de campaña del mismo partido.

3. Al regular la excepción a disposiciones del 134 constitucional, el Cofipe distingue dos hechos: el informe anual (¿cuándo se efectuó el de los diputados verdes?) y "los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación". En el caso, desde la óptica del tribunal, los spots sí sirvieron para difundir un informe que nunca existió.

4. Si realmente se tratara de un informe anual, ¿por qué difundirlo casi tres meses después de concluido el periodo legislativo que lo motivó y precisamente en días en que no está permitida la propaganda electoral?

El TEPJF llega al extremo de elogiar los spots porque "su difusión contribuye a la formación de una opinión pública bien informada". Son tan frágiles los argumentos del tribunal que es legítimo preguntarse cuáles fueron las verdaderas razones de tales sentencias, que rompieron la equidad en el proceso electoral en desarrollo y abrieron una brecha para vulnerar uno de los más caros logros de la reforma de 2007: la prohibición de la compra de tiempos para propaganda política en radio y televisión.

Uno se pregunta si estará vinculada la aprobación unánime de las mencionadas resoluciones con un hecho próximo: las dos vacantes que se producirán en la Suprema Corte (Góngora Pimentel y Azuela Güitrón concluyen sus periodos), a las cuales aspiran (con la probable excepción de Alejandro Luna Ramos, hermano de una ministra) los magistrados del TEPJF. De acuerdo con la ley, los nuevos ministros serán designados por el Senado, a partir de ternas presentadas por el Presidente.

Los magistrados suponen que en cada terna que propondrá el Ejecutivo estará al menos uno de ellos (hay quien basa su seguridad en la cercanía con la casa presidencial) y les interesa estar en buenos términos con los partidos, particularmente con los senadores. Y ante la perspectiva de que tales personas lleguen a la Corte, hay quienes perciben un estremecimiento mayor que el causado en Puebla y el DF por el sismo trepidatorio del viernes 22.
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