Los acontecimientos de los últimos días en el estado de Morelos dan cuenta de una severa crisis de gobierno, pues se encuentra comprometido el control del territorio de la entidad y la calidad de la gestión pública, al grado de haber sido separados de sus tareas quienes se desempeñaban en las áreas más sensibles en cuanto al tema de seguridad, la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública, en las personas de José Francisco Coronato Rodríguez y de Luis Ángel Cabeza de Vaca, respectivamente.

La remoción de funcionarios del Poder Ejecutivo, si bien es una facultad del gobernador, no fue ejercida por éste, toda vez que la separación de ambos servidores se realizó mediante renuncia que ellos mismos presentaron.

Tal situación indica que el gobernador, Marco Antonio Adame, estuvo exento de las motivaciones que llevaron a esos movimientos o que, en su caso, se trató de móviles de carácter personal.

Sin embargo, tales exempleados públicos fueron presentados y posteriormente uno de ellos arraigado ante las autoridades judiciales federales, lo cual indica que el gobernador no conocía del involucramiento o de las sospechas sobre sus antiguos colaboradores o, lo que es peor, que sabiéndolo decidió evitar ejercer su autoridad y responsabilidad para promover su procesamiento.

En un caso nos encontraríamos ante un desconocimiento incalificable por tratarse de colaboradores directos, en el otro supuesto nos ubicamos en una hipótesis de complicidad o solapamiento.

A pesar de este contexto de graves dudas sobre el desempeño del gobernador, el secretario de Gobernación y después el propio presidente de la República hicieron declaraciones de respaldo a Marco Antonio Adame, sin que hasta el momento se haya realizado una explicación satisfactoria de tan polémico proceder del jefe del Ejecutivo estatal.

Para colmo, el titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, "celebró... que el gobernador de Morelos... no haya interpuesto argumentos electorales para frenar la detención de su exsecretario de Seguridad Pública".

Lejos de aclarar las cosas, ese pronunciamiento del inquilino de la casona de Bucareli genera nuevas preocupaciones, puesto que reconoce implícitamente la eventual facultad del gobernador para solicitarle evitar la detención de un funcionario sospechoso de participar en actividades delictivas.

Si ése es el caso nos encontramos ante una estructura de gobierno absolutista o monárquica donde la autoridad actúa por gracia, no por obligación.

Con ello se asume que no estamos en un Estado de derecho, ni en una relación de responsabilidades de la autoridad frente al ciudadano, sino en vínculos de servidumbre donde se gobierna con discreción, con libertad de arbitrio y siendo posible optar entre actuar, no hacerlo o diferir la aplicación de las decisiones necesarias frente a conductas punibles, al grado que cuando se opta por no caer en elusiones debemos estar complacidos.

Ahora resulta que es de agradecer al gobernador morelense que no hubiese solicitado aplazar las acciones judiciales correspondientes; con esa lógica de sumisión extrema propia de regímenes autoritarios o de avasallamiento, debemos agradecer al gobernador Adame que con su "infinita sabiduría de hombre de bien" no hubiese rechazado las renuncias que le presentaron tan egregios excolaboradores.

Resulta evidente que en esa visión de gobierno se encuentra el origen de muchos de los problemas que enfrentamos. Lejos de asumir que entre la sociedad y el Estado existen relaciones de sometimiento de aquella frente a éste, debemos afirmar vínculos de responsabilidad mutua reguladas por el derecho, donde la autoridad sólo puede hacer aquello que la ley establece y, de forma diferente, los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les impide, lo cual forma parte del Estado liberal que nuestros "señores del gobierno" no parecen reconocer.

Muchos tenemos una perspectiva distinta. Entendemos que la autoridad está obligada a actuar apegada a derecho, en orientar su comportamiento en torno no sólo de la ley, sino del espíritu, los valores y la letra de la Constitución, lo cual forma parte del constitucionalismo moderno. En vez de aspirar a autoridades sustentadas en privilegios inaceptables, debemos demandar que se conduzcan con estricta responsabilidad, con apego a las obligaciones que asumen, evitando dilaciones y discrecionalidad.

El gobierno de Morelos adeuda una explicación satisfactoria de su comportamiento en este asunto. Si ha estado ajena al desempeño que tuvieron sus antiguos colaboradores cae en grave omisión por carecer de una evaluación estricta y documentada de sus funcionarios designados; si no fue así se ubica la autoridad en la presunción de encontrarse involucrada en las actividades delictivas y que les son acreditadas a los ahora exservidores públicos.

Una y otra posibilidad son extremadamente graves. Ojalá exista respuesta puntual y no los actos políticos de respaldo al gobierno de Adame por parte de las autoridades federales, donde lo único que se prueba es que no obstante sus fallas e inconsistencias, el jefe del Ejecutivo morelense tiene el respaldo presidencial.

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