Uno de los saldos positivos del esfuerzo social por lograr en México la operación de autoridades electorales autónomas y confiables ha sido la presencia de un número importante de personas -independientes de gobierno y partidos- que han adquirido experiencia y conocimientos en el manejo y organización de elecciones. A ello ha contribuido la sustracción del control de los procesos electorales de manos del gobierno, al menos al nivel federal, y la participación de ciudadanos independientes en los consejos electorales federal, estatales y distritales, así como en los institutos electorales locales.

Pese al desencanto por los resultados de la democracia formal, existe un movimiento cívico ciudadano empeñado en rescatar -ahora de los partidos políticos- a los árbitros electorales como son el IFE y el TEPJF.

Por ello, una red de 22 organizaciones de la sociedad civil, ex consejeros, académicos, expertos e investigadores en materia electoral, de al menos 12 entidades federativas, integran el Comité Conciudadano para la Observación Electoral (CCOE). Un pequeño núcleo de expertos realizan las investigaciones de base del CCOE y sus resultados son enriquecidos y compartidos con todos y todas las integrantes para tener elementos de análisis, y para la elaboración de posicionamientos que se dan a conocer a la opinión pública.

El CCEO observa el comportamiento y las decisiones del IFE y del TEPJF, principalmente las relacionadas con la aplicación de la reciente reforma electoral, y da seguimiento puntual a los procedimientos adoptados por el IFE para la selección y capacitación de los funcionarios de casilla, pues es un aspecto crítico en la organización de las elecciones.

El jueves pasado el CCOE dio a conocer su análisis de las actuaciones recientes del TEPJF, señalando que ha estado exento de un escrutinio público mayor y que la reciente reforma electoral aumentó su poder, y concluyendo que sus decisiones no contribuyen a generar confianza entre la ciudadanía, pues se encuentra en sus actuaciones una conducta errática al aplicar criterios distintos para asuntos de naturaleza similar y un intervencionismo exagerado, oneroso e ineficiente que redunda en aumentar la carga de trabajo del IFE al devolverle asuntos que podrían resolver directamente.

Además, ha sido tolerante a violaciones reiteradas de las empresas televisoras a la legislación electoral.

Con todo ello muestra mayor interés en proteger a los partidos políticos que en consolidar la confianza en la autoridad electoral representada por el IFE.

Estas conclusiones son sustentadas mediante varios ejemplos derivados del análisis de las actuaciones del TEPJF, como fueron las relacionadas con las multas a las televisoras, el caso de los spots pagados a éstas por los diputados del PVEM, el asunto de la llamada "sopa de letras", controversia que se dio entre el PRI y el PAN, entre otros casos.

El Comité exhorta al tribunal y al IFE a fortalecer sus relaciones institucionales con respeto a las responsabilidades y competencias que la Constitución otorga a cada uno de los órganos, para lograr una aplicación más atinada de la reforma electoral y facilitar el trabajo de organización de las elecciones; solicita al TEPJF apego a los principios de Bangalore que regulan la actuación judicial y son de observancia obligatoria para el Estado mexicano -entre los que se encuentran la independencia, imparcialidad, integridad, diligencia, objetividad y certeza.

Asimismo, le pide mayor empeño en defender los derechos políticos de los ciudadanos más que de los partidos políticos, y a una participación más contundente respecto de las faltas reiteradas al cumplimiento de la legislación electoral tanto por parte de los directamente involucrados, como de los terceros intervinientes.

Se trata de la conformación del TEPJF que actuará en las elecciones de 2012 y sus integrantes reciben la mayor retribución como servidores públicos de todo el Estado mexicano. Todos y todas deberíamos estar preocupados.

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